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IDENTIFICACIÓN DEL CASO: Commisa (dar click aquí)


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"Estados Unidos: ejecución de laudo anulado en México

26 Septiembre, 2016

Por María Mercedes Albornoz y Enrique Arcipreste Morales


El problema y su resolución

El presente caso aborda el conocido problema del estatus de los laudos arbitrales en el extranjero, cuando han sido dictados en un país y anulados por los tribunales judiciales de ese mismo país sede del arbitraje. En particular, se trata de resolver si tales laudos pueden “resucitar” y, a pesar de su anulación, ser ejecutados coactivamente en un país diferente. La decisión que aquí se reporta concierne un laudo dictado y anulado en México, cuya ejecución coactiva en Estados Unidos es objeto de controversia.

El 2 de agosto de 2016, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos emitió un fallo que puso fin a una controversia surgida entre las empresas Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R. L de C. V. (COMMISA) y Pemex-Exploración y Producción (PEP). En este fallo en el que se confirmó una sentencia que permitió ejecutar en Estados Unidos un laudo arbitral dictado en México y previamente anulado por un tribunal mexicano, la referida Corte de Apelaciones estadounidense concluyó: 1) Las cortes Federales del Distrito Sur de Nueva York son competentes para conocer del caso de PEP, así como para juzgar y hacer cumplir sus órdenes; 2) La Corte Federal de Distrito no excedió sus competencias al confirmar la sentencia de primera instancia; y 3) La Corte de Distrito, aun cuando incluyó en su fallo $106 millones en performance bonds que PEP había recolectado, no excedió su autoridad.

Las partes

COMMISA es una subsidiaria mexicana de la empresa estadounidense KBR, Inc., corporación dedicada a la construcción y a la contratación militar. Por su parte, PEP es una de las cuatro subsidiarias de Petróleos Mexicanos (PEMEX), una compañía de petróleo y gas que actúa en nombre del gobierno mexicano. Si bien tanto PEMEX como PEP son entidades públicas del gobierno mexicano, éstas tienen la capacidad de ser propietarias y de llevar a cabo negocios de manera independiente y autónoma. 

Los antecedentes

En 1997, COMMISA y PEP celebraron un contrato en virtud del cual la primera de ellas se obligaba a construir plataformas petroleras en el Golfo de México. El contrato, que se regía por las leyes mexicanas, contenía una cláusula arbitral que preveía que cualquier controversia que llegara a surgir sería exclusivamente resuelta mediante arbitraje con sede en la Ciudad de México, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CCI.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, al momento de la celebración del contrato, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establecía que en el caso de controversias internacionales PEMEX o sus subsidiarias podían aceptar que se aplicaran disposiciones de derecho extranjero, someterse a la jurisdicción de tribunales extranjeros o bien a procedimientos de arbitraje. Asimismo, el contrato preveía el derecho unilateral de PEP de llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato en caso de que COMMISA incumpliera con sus obligaciones, además de que requería que COMMISA suscribiera performance bonds.

Con el paso del tiempo, surgieron problemas entre las partes, por lo cual éstas decidieron celebrar otro contrato en el año 2003, con el que intentaban dar solución a sus conflictos ––se incluyeron cláusulas administrativas y arbitrales idénticas a las del contrato de 1997––. Sin embargo, para marzo de 2004, los conflictos entre las dos empresas escalaron y PEP, con base en el argumento de que COMMISA había abandonado el proyecto, decidió rescindir administrativamente el contrato.

Por lo anterior, en diciembre de 2004 COMMISA inició un procedimiento de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En diciembre de 2009, el tribunal arbitral falló a favor de la subsidiaria estadounidense y ordenó que se le pagara una suma aproximada de USD 300 millones. Subsecuentemente, COMMISA pidió a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos que se ejecutara coactivamente el laudo, y así fue ordenado en agosto de 2010. PEP apeló y, simultáneamente, impugnó la validez del laudo arbitral ante la justicia mexicana.

Dos reformas legislativas en México tuvieron lugar mientras el arbitraje estaba en curso. En primer lugar, en diciembre de 2007, el congreso mexicano dispuso que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa sería quien detentaría competencia exclusiva sobre todos los asuntos relacionados a contratos públicos. En segundo lugar, en mayo de 2009 se adicionó a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) el artículo 98, que puso fin a la posibilidad de someter a arbitraje la rescisión administrativa (como la de COMMISA y PEP).

Como se mencionó anteriormente, PEP impugnó el laudo ante un tribunal mexicano y, en el amparo en revisión, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Distrito Federal declaró la nulidad del laudo en septiembre de 2011. Esta decisión fue tomada con base en el recién adicionado artículo 98 de la LOPSRM. Se resolvió que la rescisión administrativa llevada a cabo por PEP no era arbitrable y que, en su carácter de paraestatal, PEP no podía ser forzada a arbitrar.

La apelación ante la corte estadounidense estaba aún pendiente y PEP, que para entonces ya contaba con un fallo mexicano a su favor, solicitó en Estados Unidos que se tuviera en cuenta esa sentencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado, anulatorio del laudo.

La corte del distrito sur de Nueva York, después de un análisis cuidadoso de la legislación mexicana aplicable, decidió no tener en cuenta el fallo del Décimo Primer Tribunal Colegiado del Distrito Federal y, una vez más, confirmó la validez del laudo arbitral. Lo hizo con base en el argumento de que anular el laudo violaba las nociones más básicas de justicia, puesto que implicaría aplicar una ley que no existía en el momento en el que las partes celebraron el contrato, sin que -aparentemente- haya habido posibilidad de discutirla en el proceso.

En este sentido, la corte estadounidense consideró que el Décimo Primer Tribunal Colegiado aplicó de manera retroactiva el artículo 98 de la LOPSRM y que, al hacerlo, benefició a una empresa del Estado por sobre una empresa privada. PEP volvió a apelar. 

Síntesis de la discusión ante la Corte de Apelaciones. Decisión y argumentos de dicho tribunal

PEP atacó el fallo estadounidense de primera instancia que reconocía como válido el laudo anulado en México, impugnando la competencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En primer lugar, PEP invocó falta de competencia personal con respecto a sí misma, lo que afectaría la garantía de debido proceso. Sin embargo, la Corte de Apelaciones estimó que PEP no podía usar esta defensa, pues debido a su conducta procesal había consentido la competencia y, por lo tanto, perdido la oportunidad de hacer valer dicha excepción.

En este sentido, la Corte interpretó que PEP había interpuesto la excepción de falta de competencia personal porque el fallo no la favorecía. Aunado a esto, la Corte señaló que la garantía de debido proceso sólo beneficia a individuos y no a Estados extranjeros ni sus agencias; por lo tanto, PEP, al ser una empresa representante del Estado mexicano, no gozaría de tal protección.

En segundo lugar, PEP cuestionó la localización del proceso en el Distrito Sur de Nueva York. En cuanto a este aspecto, la Corte de Apelaciones consideró que esa localización era correcta y que PEP no podía rechazar ese foro como extraordinariamente inconveniente, cuando había llevado a cabo actos procesales afirmativos en el mismo.

Pero lo más relevante del fallo de la Corte de Apelaciones consiste en su razonamiento acerca de la ejecución del laudo arbitral extranjero. Comenzaba enunciando que el tema es regido en Estados Unidos por dos convenciones internacionales (la de Panamá: Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional y la de Nueva York: Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras); de igual manera, afirmaba que no existe diferencia sustantiva entre ellas y que la de Panamá fue expresamente incorporada por la Ley Federal de Arbitraje o Federal Arbitration Act.

Luego, la Corte de Apelaciones destacó que el artículo V de la Convención de Panamá establece que sólo “se podrá” denegar el reconocimiento y la ejecución del laudo si se da alguna de las siete excepciones que la misma norma contempla. Una de ellas es que la sentencia arbitral “haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia” (artículo V, 1, e).

El tribunal enfatizó que la regla establece que el laudo “debe” ser reconocido, salvo si se presenta alguna de las causales contempladas en el artículo V. Si esto último sucede, entonces la corte de distrito “puede” elegir denegar el reconocimiento. Pero esa elección no es discrecional, sino que es restringida por consideraciones de reciprocidad y cooperación internacional.

La decisión de un tribunal extranjero de anular un laudo arbitral, normalmente, debe ser respetada. Sin embargo, la Convención de Panamá (como la de Nueva York) permite que si esto llegara a afectar el orden público del Estado donde se pretende hacer valer el laudo anulado, la decisión del tribunal extranjero pueda no ser tomada en cuenta.

En este sentido, la Corte de Apelaciones consideró que la aplicación retroactiva del artículo 98 de la LOPSRM, la falta de compensación para COMMISA con motivo de expropiación por parte del gobierno mexicano y la falta de oportunidades para que COMMISA hiciera valer sus reclamos, afectan el orden público y repugnan lo que es decente y justo para los Estados Unidos.

Finalmente, la Corte de Apelaciones estimó que la Corte del Distrito Sur de Nueva York ejerció su poder discrecional, tal como lo permite la Convención de Panamá, para evaluar si la anulación del laudo ofende estándares básicos de justicia en los Estados Unidos. Por consiguiente, la Corte de Apelaciones decidió, el 2 de agosto de 2016, que la corte inferior no excedió sus atribuciones ni sobrepasó su autoridad al resolver el asunto."

Albornoz, María Mercedes y Enrique Arcipreste Morales. Estados Unidos: Ejecución de Laudo Anulado en México. 26 Septiembre 2016




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